Foto: Andina.
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La , luego de un informe técnico que recomendaba exactamente lo contrario, votó a favor de la remoción de toda la por encontrar falta grave en 3 de las 5 acusaciones, con un informe de sustento, primero con “cargo a redacción” y luego, lleno de inconsistencias.

En 2 de las 3 acusaciones hay un muy sólido consenso de la inexistencia de falta grave. Presentar de manera tardía un informe y hacer un pronunciamiento no pueden estar al nivel de los audios de corrupción de los Cuellos Blancos. Sería un precedente muy peligroso para la democracia: cualquier falta administrativa o declaración que no le guste al Congreso, puede usarla para desarmar instituciones enteras.

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Solo en una de las acusaciones parece persistir una controversia. Si uno analiza sin sesgos, se pueden encontrar buenos argumentos de dos posturas sobre cómo interpretar la edad de permanencia de un miembro de la JNJ. Es una discusión jurídica sobre cómo interpretar la Constitución. Tan es así que la bancada de Acción Popular en mayo presentó un proyecto de reforma constitucional para establecer el cese inmediato de magistrados al cumplir 75 años y permitir el ingreso del suplente en la JNJ. No se puede culpar a la JNJ de falta grave ante una evidente discrepancia legal. Ella tomó los pasos a su alcance para una decisión de acuerdo con leyes vigentes.

Un punto adicional es sobre la trayectoria de los miembros de la JNJ. La Dra. Tello como jueza se ha enfrentado a pleitos importantes como juicios contra Grupo Colina y Vladimiro Montesinos. La Dra. Tumialán fue víctima de atentados de Sendero Luminoso cuando era fiscal en Junín. Luego, desde la Defensoría, le dio soluciones concretas a grupos más vulnerables. A quienes defendemos la lucha contra el terrorismo y contra la corrupción, deberíamos condecorarlas en vez de maltratarlas.

La defensa de la JNJ ha recibido un abrumador respaldo. Naciones Unidas y su alta comisionada por la independencia judicial, la OEA y nuestro propio representante, 8 países amigos —siete miembros de la OCDE—, instituciones civiles expertas como Transparencia y ProÉtica, organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio de Lima o Capitalismo Consciente y líderes de opinión de diversas tendencias —como Marco Sifuentes, Augusto Towsend y Juan Carlos Tafur— y editoriales de El Comercio, La República y Semana Económica han alertado sobre el peligro que significaría que el Congreso destituya a la JNJ: un atentado contra la separación de poderes, la independencia institucional y la seguridad jurídica.

Las fuerzas institucionales del país de todo el espectro político, la comunidad internacional y la ciudadanía están en contra de la destitución de la JNJ. Congreso, esperemos que representen esta vez nuestra voz.

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