“A pesar de que el proyecto de Asamblea Constituyente (AC) ha sido debidamente archivado por el Congreso, el tema está en la agenda del Gobierno y de Cerrón”.
“A pesar de que el proyecto de Asamblea Constituyente (AC) ha sido debidamente archivado por el Congreso, el tema está en la agenda del Gobierno y de Cerrón”.

A pesar de que el proyecto de Asamblea Constituyente (AC) ha sido debidamente archivado por el Congreso, el tema está en la agenda del Gobierno y de Cerrón.

1) En 1993, los miembros del Congreso Constituyente Democrático, elegidos por voto popular, representando 10 agrupaciones (varios de izquierda), elaboraron el proyecto de Constitución. Fue aprobado por referéndum con 52.34% de votos.

2) La reforma constitucional es potestad del Congreso. La AC no está contemplada en la normativa.

3) Los derechos fundamentales ya están consagrados en la actual Constitución: derecho a la salud, educación, etc.

4) Los cambios a la Constitución podrían ser necesarios (bicameralidad, cuestión de confianza, vacancia, renuncia). Ello se puede hacer vía reformas parciales con votación de 2/3 del número de congresistas en dos legislaturas ordinarias sucesivas (Art. 206).

5) La mayoría de la población desconoce el texto constitucional. La propuesta de AC está ideologizando, “engañando” a la población, generando expectativas de soluciones que no dependen del cambio constitucional.

6) Reescribir la Carta Magna implica años de trabajo, con la incertidumbre del resultado. Tenemos prioridades más urgentes. No estamos en un momento constituyente, sino “destituyente”, como dicen analistas.

7) El problema es el aparato público disfuncional. Los gobiernos no han sido eficaces en el uso de los recursos públicos; la solución no pasa por el cambio constitucional, sino por mejorar la gestión pública.

8) Respecto del modelo económico vigente, sostén del crecimiento, este ha permitido reducir la pobreza como nunca en la historia del Perú. El “modelo” genera los recursos, el gobierno es responsable de su uso eficiente.

9) El “fracaso en lo social” es fruto de un Estado que no cumple con proveer bienes y servicios públicos de calidad. ¿Para qué quiere el Estado abarcar mayores actividades y responsabilidades, si no puede con las que ya tiene?

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