Hay una íntima relación entre la política y la economía, sobre todo cuando esta conlleva inseguridad, inestabilidad e incertidumbre. El impacto de Castillo en la economía es negativo. Algunos pensaron que, tras asumir el mandato, cambiaría propuestas y posturas radicales. El nombramiento de sucesivos gabinetes y su actuar han golpeado la economía y las expectativas ciudadanas afectando la proyección de crecimiento. Castillo es el principal saboteador de su gobierno; no hay forma de disimular el fracaso que permanentemente desnuda una incapacidad alarmante.

El Ejecutivo embate sucesivamente contra el sector privado: estatización de Camisea, golpes y amenazas al sector minero. Sin convicción acerca de la importancia de la inversión privada, el crecimiento de esta para el próximo año es 0, incluso podría ser negativo. Paradójicamente, las expectativas mejoran cuando se percibe la posibilidad de vacancia. El país está desaprovechando la buena coyuntura internacional en el precio de los metales.

El riesgo país se incrementó y existen serios indicios de corrupción: Castillo reuniéndose sospechosamente con proveedores del Estado que luego obtienen buena pro; ello agravado por actitudes que obstruyen la justicia.

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El bolsillo del pueblo a quien dicen representar golpeado, el dólar en máximo histórico estacionado en S/ 4, sueldos en soles compran menos, los productos importados suben (no solo por inflación mundial), el sobrecosto se traslada a la economía popular. La mayor parte de los problemas económicos están asociados a la inexistente “gestión” presidencial y no a la falta de recursos, mal gastados y no ejecutados del presupuesto.

El Perú enfrenta déficits dramáticos y urgentes, infraestructura deteriorada e insuficiente, salud precaria, educación de pésima calidad. A esto hay que sumar la fuga de capitales (18,000 millones sin retorno) y fuga de talentos, profundizando la baja calidad del capital humano. Estamos en crisis y el escenario 2022 no luce mejor.

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