[Opinión] Alfonso Bustamante Canny: Ha cruzado el Rubicón

Cuando Julio César desafía la Ley Romana que impedía a cualquier legión cruzar el río que separaba la Galia de Roma, se sabe que el general, luego de meditar su accionar, declaró: “Alea jacta est” (la suerte está echada). Momentos después, en el Senado se mencionó “ha cruzado el Rubicón”. Esta frase se utiliza hasta hoy para ejemplificar una situación donde se transgrede un estado de las cosas, de donde ya no habrá retorno.

Lamentablemente, el anuncio en Ayacucho de la premier Mirtha Vásquez de un cierre ilegal y arbitrario de cuatro unidades mineras demuestra que este gobierno ya cruzó el Rubicón. Se ha desprendido de las formas democráticas y del Estado de derecho para mostrar un rostro dictatorial, prepotente y abusivo. No solo la premier no tiene representatividad alguna para sentenciar dicha acción, sino que esta debe ceñirse a los procedimientos administrativos sectoriales. ¿Cómo quedan los organismos reguladores encargados del sector?

Es así como la acción del presidente Castillo, a través de su primera ministra, constituye un acto criminal, que atenta directamente contra los trabajadores de las minas amenazadas, contra sus proveedores, contra los pobladores que reciben canon, contra los inversionistas que apostaron por el desarrollo en algunas de las zonas más abandonadas del Perú y contra todos los peruanos, ya que se viola el Estado de derecho, saltándose a la garrocha los procesos administrativos que la Ley establece para regular las relaciones entre Estado y empresa.

Esta violación a la ley amerita una demanda penal dirigida a la primera ministra y el ministro de Energía y Minas; y al término de su mandato, al presidente Castillo. Nadie está seguro en el Perú si es que se permite a la autoridad saltarse el Estado de derecho y las regulaciones establecidas para ello. Con el mismo criterio, mañana, se les puede ocurrir cerrar aeropuertos, medios de comunicación, farmacias, fábricas o cualquier actividad económica.

Las leyes están hechas para proteger al ciudadano y darle seguridad. Nadie, ni el presidente de la República, está por encima de la ley. Para cerrar algún negocio, la autoridad competente debe seguir los procedimientos establecidos y sentenciar si el administrado ha incumplido reiteradamente sus obligaciones y se ha negado a enmendar la reiterada falta.

Los funcionarios deben enfrentar las consecuencias de sus actos. El abuso de autoridad en este caso es flagrante.