No voy a defender al excongresista Michael Urtecho: se ha comprobado que es un delincuente —que se defendió con el mayor de los cinismos— y amerita un castigo. Pero imponerle 22 años de prisión —y 28 años a su pareja— por sus trapacerías de ladronzuelo es un exceso absurdo, una “sobrepenalización” que resalta lo tan tercermundistas que somos. Esa es una pena idónea para un terrorista que puso un coche bomba, un asesino en serie, un pirómano, un traidor en tiempos de guerra o algún bárbaro por el estilo, no para un simple caco (por más que su condición de legislador agrave su inconducta). Es como a ese infeliz muchacho que le pusieron once años por pegarle a la novia en Miraflores, los seis años a esa mujer alocada que le golpeó el casco a un policía (luego fue indultada) o los 35 años que le quieren imponer a Nadine. Solo en una sociedad muy enferma y muy bruta se “sobrepenaliza” así. Supongo que la culpa no es de los jueces o fiscales (que solo aplican la ley), sino de los necios que han elaborado esas leyes tan extremas, a menudo llevados por muchos alharaquientos populistas mediáticos que tenemos como periodistas y de las ganas de ganar cámaras con demagogia penalista. Antes se imponía la pena más alta de las condenas recibidas, lo que era razonable. Ignoro quienes fueron los cretinos que legislaron en 2006 para que se sumen las penas, algo totalmente desproporcionado. Pero todo esto no debería sorprendernos: el Perú es el único país del mundo donde los indultos ya concedidos se revierten (como a Fujimori una salvajada legal por donde se le vea), los fiscales “showmen” te persiguen por años por supuestos delitos que no existían al momento de la ocurrencia o te acusan desmesuradamente por “organización criminal” y “lavado de activos”, un juez te condena en un caso ya prescrito (como me pasó a mí con ese San Martín. Le gané después en el TC), los juicios duran décadas porque se reabren y se reabren eternamente y en donde una ONG maneja la justicia como quiere.