Mariella Balbi
Mariella Balbi

Año nuevo, vida nueva. El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, nos sorprendió con la contundente decisión de dar por concluidas las designaciones de dos fiscales anticorrupción. El sobresalto del presidente ha sido mayúsculo. Solo estuvo cuatro cortísimas horas en Brasil, donde viajó para asistir a la asunción de mando de Jair Bolsonaro. Más aún, cuando es normal que a fin de año el Ministerio Público haga cambios institucionales y por razones válidas, como la descarada filtración.

Se puede opinar a favor o en contra, lo que no procede en una democracia es desacatar una decisión institucional. Tampoco irrespetar la independencia de poderes. Si no, nos convertimos en una corte versallesca, donde el rey decide.

El destino es cruel, dicen y es como un búmeran. La hostilidad expresada regresa y termina dañando a su propio autor. Un expediente judicial reveló que el juez Concepción Carhuancho se comunicó varias veces con Edwin Oviedo. El juez lo niega, quejándose de ser víctima de una campaña de desprestigio.

Sin embargo, él envió a prisión a varios, que también tienen honra, por decires de colaboradores que no se corroboraron. Igualmente, el presidente Vizcarra cuestiona al fiscal Chávarry porque tiene más de tres denuncias constitucionales.

“El ataque de los antichavarristas apunta más bien a que no conozcamos, por ninguna razón, el preacuerdo con Odebrecht”.

Afirma que el liderazgo de la Fiscalía es débil. Pero Martín Vizcarra tiene cerca de 40 denuncias en Fiscalía y tres procesos penales abiertos. Podríamos cuestionarlo también. Todo el desbarajuste viene, y desde hace tiempo, por el caso Lava Jato.

Uno de los fiscales no ratificados sostiene que dos fiscales supremos, opuestos a Chávarry, en clara actitud contraria a la institucionalidad, son “la reserva moral en el Ministerio Público”. Más que subjetivo, en realidad es una opinión política.

¿Se protesta porque no ratificaron a dos fiscales? Uno no lleva casos y el otro ha sido criticado por su desconocimiento del derecho. No parece ser la razón del Ejecutivo, nadie es imprescindible. El ataque de los antichavarristas apunta más bien a que no conozcamos, por ninguna razón, el preacuerdo con Odebrecht.

Pero el 60% de peruanos, un guarismo cercano a la aprobación de Vizcarra, quiere saber sobre ese acuerdo. En el periodo del fiscal Pablo Sánchez se protestó por el secretismo y se pretende continuar con ello. La transparencia no es válida para este caso.

El interés por mantener en sigilo el acuerdo con Odebrecht da que pensar. Pretender reorganizar la Fiscalía, amenazar con la cuestión de confianza si no lo logra es sorprendente para un jefe de Estado. Esta guerra sin cuartel encierra algo más. Como en el búmeran, revertirá inevitablemente.

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