Los peruanos fuimos víctimas de toma de carreteras por parte de transportistas a nivel nacional. Aquello, a pesar de estar tipificado como delito, se ha convertido en un método efectivo para extorsionar al Gobierno y conseguir la sumisión de este.

Las peticiones de los transportistas eran justificables, sobre todo la eliminación del Impuesto Selectivo al Consumo que impuso el desastroso ex ministro de Economía, David Tuesta. Sin embargo, obstruir el libre tránsito en las carreteras no es la forma de hacer reclamos, porque si la forma de reclamar vulnera los derechos de otras personas, deja de ser justificable. Por ejemplo, en Arequipa, los transportistas bloquearon el km 48 de la Panamericana Sur, el principal ingreso a la ciudad. Aquello ocasionó que miles de personas tomen vías alternas altamente peligrosas: sin asfalto, angostas y al borde de precipicios. Asimismo, la ciudad quedó desabastecida de combustible y de algunos alimentos básicos, todo ello sin contar los millones de soles en pérdidas diarias.

Por otro lado, Vizcarra no tomó las medidas necesarias, como denunciar a los autores del paro por violar derechos como el libre tránsito y la tranquilidad pública. En cambio, días después armó una mesa de diálogo mientras que los transportistas arriesgaban la vida de cientos de miles de peruanos. Y, a pesar de que el diálogo sería lo más adecuado si ambas partes estarían en igualdad de condiciones, en este caso una parte extorsionaba a la otra que no tenía ni la más mínima intención de hacer respetar la ley; y el desastroso resultado será que los peruanos les pagaremos la gasolina a nuestros extorsionadores mientras que el gobierno seguirá cobrando el abusivo ISC. El pésimo precedente que queda es que no vivimos bajo el imperio de la ley, sino bajo el de la extorsión.

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