Contradicciones que definen

Es llamativo que varios escriban columnas y otros más se paseen por medios de comunicación manifestando su preocupación porque el presidente de su país hace lo que la “calle” reclama, como si escuchar las demandas de la gente fuese propio de un vil régimen antidemocrático. ¿No sería al revés? Sobre todo si la “calle” se ha pronunciado categóricamente a través de un referéndum que se organizó con todas las de la ley. Lo paradójico es que varios de los que componen este grupo regañón suelen justificar el autogolpe del 92 porque era lo que el pueblo exigía. Es que, seamos sinceros, para algunos la democracia es un rótulo que se defiende y promueve solo cuando conviene.

Lo mismo con la CIDH, que luego de años de haber sido basureada y terruqueada, hoy es una institución respetada y fundamental para defender los derechos constitucionales de todos. Así es como varios de los principales argumentos de defensa de los abogados de diversos integrantes de Fuerza Popular se construyen sobre las decisiones y pronunciamientos del Sistema Interamericano de DD.HH. De hecho, la abogada de Keiko Fujimori ya solicitó a la CIDH medidas cautelares para “salvaguardar el derecho de defensa y el debido proceso” de su defendida. Tienen suerte de que a la CIDH nada le importe que el fujimorismo haya intentado desprestigiarla con mentiras por años. El sistema está diseñado para que sus derechos, si corresponde, sean tutelados. Ahí no se discrimina por pelaje político.

Finalmente, a los congresistas traicioneros agrupados bajo el marveliano nombre de Avengers se les sancionó en menos de una semana, mientras que el caso de Donayre tiene meses en cola, haciendo que lo de velar por el debido proceso parezca un nuevo eufemismo. Para algunos, parece, las cosas se interpretan con base en el valor de lealtad.