(EFE)
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La semana pasada, un asesinato conmocionó Río de Janeiro. Una joven concejal de la Municipalidad metropolitana, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Marielle Franco, y su chofer fueron acribillados.

La munición usada fue robada de la Policía Federal años atrás y ya fue utilizada por narcotraficantes y policiales. Marielle puede haber sido asesinada por cualquiera de los cuatro grupos que se disputan el control de Río de Janeiro: el Comando Vermelho, el Primer Comando de la Capital, las Milicias paramilitares o los grupos corruptos de la Policía. Todos ellos ganaron con su muerte, aunque no las FF.AA.

Río es una ciudad violenta. Todos los días ocurren 22 tiroteos entre bandas rivales y la Policía. Todas las semanas, dos policías son asesinados. Todos los días mueren cinco personas entre inocentes, bandidos y policías. El 90% de esas muertes nunca se esclarece. La intervención de las FF.AA. es para combatir la violencia ante la bancarrota del Estado y la corrupción de la Policía.

Las muertes, hechos condenables y tristes, se transformaron en un incidente político, con marchas y declaraciones contrarias a la intervención militar. Un juez pro PT, del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, ya propuso que las FF.AA. se retiren.

El asesinato de una concejal, elegida democráticamente, es una ofensa inaceptable a todos los ciudadanos.

Su asesinato debe ser esclarecido por el bien de las instituciones del país. El uso político de su muerte, en contra de la presencia de las FF.AA., favorece al PSOL, pero también a los asesinos de Marielle. Río está aún lejos de encontrar una forma de reducir sus niveles de violencia.