El Gobierno Federal ha intervenido el Estado y la ciudad de Río de Janeiro. El interventor federal, general del Ejército Walter Souza Braga Netto, asumió el comando de las fuerzas policiales en forma inmediata, mientras el Congreso confirmaba la decisión de Michel Temer. Las principales autoridades policiales fueron suspendidas y la seguridad pública ha pasado a manos del Ejército.
Es la primera vez, desde que se aprobó la Constitución de 1988, que el Gobierno Federal interviene un Estado de la federación. Los hechos de violencia (saqueos, asesinatos, robos) durante el carnaval desencadenaron la intervención.
La situación de Río es muy grave. El Estado está en bancarrota por la corrupción de sus últimos gobernadores. Las bandas criminales están estructuradas desde la cima de la pirámide política hasta abajo. Sergio Cabral, el último ex gobernador, ya acumula condenas por 78 años y el actual gobernador, Luis Pezão, es su socio político.
El número de muertes por 100 mil habitantes ya superó los 40, la corrupción contamina a la Policía en todos sus niveles, y dos efectivos son asesinados por semana. La realidad policial no es muy distinta de la película Tropa de élite.
Brasilia espera que el Ejército, hasta diciembre, pueda producir una mejora significativa en la seguridad ciudadana de Río de Janeiro. La mayoría de las fuerzas políticas, con excepción de la izquierda, opina que algo radical debería hacerse. Lo que nadie sabe es si el Ejército, en 10 meses, podrá resolver un problema de seguridad ciudadana que los cariocas fueron incapaces de abordar en 10 años. Para fin de año, la población de Río sabrá si funcionó o no.