Impunidad garantizada

En Brasil hay 54,990 personas con foro privilegiado. Ellas son el presidente de la República y sus ministros, los senadores (81), los diputados federales (513) y estaduales (1,059), los gobernadores de los estados (26), los alcaldes (5,570), los jueces y fiscales federales y estaduales (30,360), y una larga lista de autoridades federales, estaduales y locales. En síntesis, las autoridades públicas del país no pueden ser enjuiciadas por los jueces de primera instancia, como Sergio Moro, y sus casos solo pueden ser tratados en el Supremo Tribunal Federal (STF), el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y los 26 tribunales de los estados.

No es difícil entender que quienes tienen más oportunidades para robar y corromper en el Brasil son sus autoridades, por el poder de decisión que tienen sobre los recursos públicos en la asignación de obras y gastos, y sobre las leyes que pueden beneficiar a intereses privados.

La semana pasada, el STF ha reducido los privilegios de los diputados federales y senadores, y varios de sus juicios comienzan a ser transferidos a tribunales de primera instancia. El ambiente es de angustia, pues sus juicios pueden caer en manos de algún juez con ética y carácter. Después de décadas robando, el peso de la ley puede caer sobre quienes hacen las leyes.

Ello representa una victoria en la lucha contra la corrupción, aunque solo afecta, en forma parcial, al 1% de los privilegiados. Esta decisión ha sido un esfuerzo del STF para reducir la indignación social por sus responsabilidades en el panorama de corrupción e impunidad del país. Lava Jato, con sus 51 operaciones, y las redes sociales están obteniendo victorias.