La semana pasada ha sido extraordinaria. El miércoles, el Supremo Tribunal Federal rechazó el hábeas corpus contra la prisión del ex presidente de Brasil Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. Al día siguiente, el Tribunal Regional Federal 4 ordenó su prisión y, un par de horas más tarde, el juez Sérgio Moro expidió la orden para la Policía Federal.
Como era de esperarse, Lula trató de organizar una resistencia social a su prisión, pero no logró el apoyo popular esperado y tuvo que contentarse con la realización de un show político antes de la rendición.
La prisión de Lula representó el fin de un ciclo que comenzó al finalizar el gobierno militar, cuando la izquierda conquistó la ventaja ética sobre los demás partidos, transformando su oposición al gobierno militar en una imagen de heroicos luchadores por la democracia.
Aprovechando esa ventaja, Lula llegó al gobierno vendiendo la idea de reducción de las desigualdades sociales. Una vez en el cargo, el Partido de los Trabajadores (PT) puso en marcha un proyecto de ruptura de la alternancia democrática y de permanencia en el poder. La implantación de programas populistas, la institucionalización de la corrupción (‘Mensalão’ y ‘Petrolão’) y la instalación de un cuasi-monopolio ideológico en los medios de comunicación y universidades fueron los principales mecanismos de ese proyecto.
Con su condena por corrupción, Lula ha perdido la ventaja ética, dejando una herencia política e ideológica disminuida y un partido sin candidatos con potencial. El electorado populista seguirá existiendo y los petistas sueñan con la restauración, pero muchos demagogos creen que, sin Lula, su oportunidad ha llegado. La izquierda brasileña va a tener muchas dificultades en las elecciones de 2018.