En un país en el que importantes políticos están acusados de lavado de dinero; donde campea la informalidad y el narcotráfico crece y amenaza, la bancada mayoritaria del Congreso ha retrasado la obligatoria e inmediata supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), encargada de vigilar la legalidad de los movimientos financieros.
Cuando Socorro Heysen, jefa de la SBS, se presentó en el Congreso la semana pasada, advirtió que “aún con la escasez de información (…) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, a partir de 2007 se han remitido a la Fiscalía 40 informes de inteligencia y hay actualmente 21 cooperativas que están investigadas por lavado de dinero” (El Comercio, 23/5/18). Ella recordó que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) recomendó hace ya diez años que el Perú tenga una ley que le permita a la SBS supervisar las cooperativas… ¡y aún no se ha aprobado!
¿Cuál es el problema con estas cooperativas de ahorro y crédito? Varios: primero, que manejan dinero privado, que es necesario proteger para evitar estafas, quiebras ficticias o similares; y segundo, que pueden ser un potencial canal de lavado de dinero de fuentes ilegales. Precisamente, lo que resulta ya risible, por el descaro, es que en el Vraem, centro de la producción de cocaína en el país, haya alrededor de 200 cooperativas (y de estas, solo 24% supervisadas).
Los narcotraficantes tiene una estrategia de crecimiento territorial: comienzan por penetrar y controlar localidades –distritos y provincias– y luego las regiones, camino que han seguido en Colombia y México.
Estando a pocos meses de las elecciones regionales y locales, las campañas –que ya se iniciaron– son escenario propicio para que el dinero ilícito financie candidaturas que después tendrán que devolver “favores”, si acaso no llevan ya en sus listas a personas directamente vinculadas con las mafias.
