En pocos días, el Perú ha pasado de la euforia mundialista a la bronca que genera percibir el grado de corrupción que habría penetrado en importantes organismos del Estado. La difusión de audios que involucran a altos magistrados e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura con presuntos actos ilícitos lleva a preguntarse si acaso al interior del Estado peruano no se han entronizado ya redes de corrupción que crecientemente consolidan su influencia sobre decisiones que involucran no solo recursos y políticas de Estado, sino la propia integridad de las personas.
El destape periodístico que compromete a sectores vinculados con la administración pública se suma al año y medio de denuncias contra políticos, funcionarios y empresarios en componendas vinculadas con Odebrecht. Y la labor de la prensa, con todos sus problemas y deficiencias, resulta nuevamente decisiva. La prensa ha puesto nuevamente en la agenda política asuntos que ponen en peligro derechos básicos de los ciudadanos. Por eso, resulta inaceptable que el Congreso y un sector de la Fiscalía pretenda acosar a los periodistas Gustavo Gorriti y Rosana Cueva por haber difundido los audios, como parte del conocido trámite de “quemar” al mensajero.
La más grave consecuencia es la frustración frente a las autoridades, que abusan del poder, y el descrédito que esto trae para la democracia. La sensación de que “todos son iguales”, es decir, que todos abusan del uso del poder, es particularmente perniciosa. Tal estado de ánimo alienta las más diferentes respuestas, desde la honesta voluntad reformadora hasta la aparición de algún “salvador” (otro más, no importa si de derecha o izquierda) que ofrezca la siempre recurrida e ineficiente “mano dura” para resolver los problemas del país.
