La crisis del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski no ha terminado con la sufriente y apretada superación del pedido de vacancia ni con el indulto a Alberto Fujimori. La crisis continuará y no está para nada claro cómo se va a superar.
El Gobierno ha perdido a una parte importante de su exigua base propia de apoyo político, lo que se expresa con la renuncia de tres de sus más destacados parlamentarios, de algunos ministros y de un número indeterminado de funcionarios de rango medio y alto. Al debilitamiento de sus fuerzas debe sumarse que los aliados con los que contaba para situaciones de emergencia se han reducido drásticamente. Es cierto que podrá tener como nuevo soporte al grupo liderado por Kenji Fujimori; pero, de concretarse, no le bastará.
Que lo apoye Keiko Fujimori es más difícil todavía. El fujimorismo se esforzará por realinearse internamente; sin embargo, no es seguro que lo logre. El objetivo de KF es ganar las próximas elecciones presidenciales, sean en 2021 o antes. El acuerdo podría reducirse a garantizar que no habrá nuevos pedidos de vacancia y que el caso Odebrecht tendrá un manejo “prudente”.
Requeriría el apoyo activo de Alianza para el Progreso (APP), pero será difícil de lograr porque, entre otras razones, en 2018 hay elecciones locales y regionales, y “cargar” con PPK es perder la región norte del país, zona privilegiada para APP.
¿Y las otras fuerzas, es decir Acción Popular, Nuevo Perú, los “morados”, Frente Amplio e incluso APP? ¿Se sentarán a observar cómo se desenvuelve la crisis y a esperar también el 2021 o un adelanto de elecciones? Lo más sensato –aunque, por supuesto, la prudencia no es lo que sobra– es que lleguen a un acuerdo de garantías democráticas que incluya, entre otros puntos, respeto a la independencia de poderes, lucha contra la corrupción, elecciones democráticas y sin dinero ilícito (sean en 2021 o antes) y, entre otras medidas prácticas, el apoyo decidido a la reconstrucción del devastado norte del país.
