El último año y medio, el Perú político y mediático ha estado metido de pies y manos en el caso Lava Jato –y, en particular, de Odebrecht– luego de las denuncias por financiamiento de campañas electorales y supuestas coimas a políticos y funcionarios. Sin duda, el caso y sus entretelones exigen atención; sin embargo, ponerle el foco solo a esto hace que salgan del radar asuntos también vinculados a la corrupción y que tienen tanta o más fuerza destructiva sobre el Estado, la política y la sociedad: el narcotráfico, punta de lanza de la economía ilegal.
De acuerdo con lo que recogen los medios de comunicación, el narcotráfico tiene cada vez más iniciativa y es cada vez más agresivo y vigoroso en la política y entre los políticos.
Ahora, una de las principales amenazas es que los narcotraficantes no solo estarían financiando campañas, sino que ya estarían apostando a ser directamente votados para ocupar cargos de elección popular. Si nos miramos en el espejo de Colombia y México, tal estrategia no sería una novedad, como tampoco lo es que su estrategia principal es penetrar y controlar territorios, regiones y localidades.
A estas alturas puede parecer ingenua una invocación a que políticos de izquierda, derecha o centro, periodistas, empresarios, trabajadores se mantengan atentos y sean capaces de llegar a acuerdos efectivos sobre la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, si esto no pasa a ser una preocupación nacional –si, por ejemplo, los responsables de los grandes medios siguen pensando que el gran problema del país es la reforma laboral–, solo nos despertaremos para percatarnos de que la economía ilegal se habrá llevado en peso al Perú.