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Lava Jato: justicia y Política, ¿divorciadas?

Odebrecht

Continúan las acciones judiciales en torno al caso Lava Jato.

Lava Jato: justicia y Política, ¿divorciadas? (USI)

(Renzo Salazar)

Santiago Pedraglio
Santiago Pedraglio

En la Italia de la década de 1990, la faena anticorrupción Manos Limpias dejó tras de sí la defunción de los partidos y, por consiguiente, del sistema político surgido en ese país después de la Segunda Guerra Mundial. La ejemplar acción de los magistrados estuvo acompañada de una cuestionable –o, si se quiere, controversial– “renovación” de los partidos políticos: la Democracia Cristina, el más importante, entró en liquidación; le siguieron el Partido Socialista, de Bettino Craxi, y en menor medida –aunque a la larga con iguales efectos– el hoy desaparecido Partido Comunista Italiano, en ese momento el más grande PC de Europa. En su lugar irrumpieron la Liga Norte, una organización de extrema derecha, y Forza Italia, del poderoso Silvio Berlusconi.

Para Sergio Moro, hoy por hoy el juez adalid de la lucha contra la corrupción en el Brasil, “la operación italiana (…) fue una ‘gran inspiración’ en su carrera” (Agencia Efe, 27/10/2017). Y sin duda, en Brasil, izquierda y derecha están siendo afectadas por la iniciativa fiscal y judicial de los magistrados. Como consecuencia, ahora que Lula está en prisión y que según todo lo indica no le será permitido postular a la Presidencia, cualquier candidato podrá llegar a ser mandatario de la principal potencia económica latinoamericana… incluido Jair Bolsonaro, uno de la extrema derecha, hincha de las dictaduras militares de antaño.

Entonces, ¿la justicia no debe hacer su trabajo de lucha anticorrupción? Sí, es obvio que sí. Los que tiene que hacer mejor su trabajo son los políticos, los nuevos y los viejos, los tradicionales y los aspirantes. De lo contrario, terminarán todos barridos por la historia.

Un comentario final: ¿cuándo acabará el trato unilateral y discriminatorio contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa? El Tribunal Constitucional no decide nada, probablemente esperando la acusación fiscal. Dieciocho meses de “prisión preventiva” es una medida que no corresponde, menos aún cuando no se han dado muestras de querer abandonar el país.

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