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Si se quiere trabajar en serio contra la corrupción, es indispensable tomar tres decisiones claves. Y esto, en el marco de denuncias que no cesan: esta semana, la Fiscalía allanó casas e investiga al ex ministro de defensa Mariano González, mientras que IDL-Reporteros publicó ayer declaraciones de Jorge Barata que acusan a la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y al ex gerente general del municipio metropolitano durante su gestión.
Se le suman la ofensiva del fujimorismo para tumbarse al fiscal de la Nación y declaraciones de Marcelo Odebrecht que comprometen, según versiones periodísticas, a líderes políticos como Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.
La primera decisión clave es respetar el hecho de que la ley es –o debe ser– igual para todos. No porque unos tengan más poder político, tienen más derechos. No es posible que las declaraciones de Barata sirvan para apresar a unos y las de Odebrecht, el jefe máximo, el gran orquestador, queden solo como un invento.
La segunda decisión es formalizar el carácter de colaboradores eficaces de algunos altos funcionarios de la empresa brasileña (comenzando por Barata), porque es el único camino para conseguir que digan todo lo que saben, liberados (ese es el costo) del riesgo de ser enjuiciados.
La tercera determinación necesaria es cerrarle el paso, con un candado más consistente al ingreso de dinero de origen ilícito a las campañas políticas.
Es una incoherencia que Fuerza Popular pretenda convertirse en paladín de la lucha contra la corrupción, si cuando tiene en sus manos la posibilidad de introducir modificaciones que fortalezcan el control de la ONPE, hace exactamente todo lo contrario: la debilitan, al anularle, por ejemplo, la atribución de exigir informes financieros durante las campañas electorales.
