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En diciembre de 2017 y febrero de 2018, menudearon contra el fujimorismo y sus aliados las acusaciones de golpismo a propósito del intento de vacar al ex presidente PPK: “el fujimorismo quiere adelantar elecciones”, “KF no soporta haber perdido y no se detendrá hasta sacar a PPK”, etc.
Ahora, el “fantasma” del golpismo ha cambiado de bando: los “golpistas” de hoy –supuestamente con el presidente Vizcarra a la cabeza– son los “golpeados” de ayer. Para no abusar citando la retahíla de acusaciones, quizá el rótulo de “chavista” que le aplican sea la acusación más exagerada y extrema.
Este ir y venir entre “golpistas” y “golpeados” deja ver que nadie –o casi nadie– cree en la solidez de las llamadas instituciones republicanas. Los primeros descreídos son los propios políticos. Tal parece que consideraran que todo el andamiaje constitucional es tan débil que al primer empujón podrán echarlo abajo. Esto es grave, porque, si es así, su discurso sobre la lealtad a la democracia y al Estado de derecho tiene mucho de cháchara y poco de verdad.
Transcurridos 26 años desde el último golpe de Estado, si el calificativo de golpista se usa con tanta facilidad como instrumento de propaganda para satanizar al adversario, el hecho fuerte es que los acusadores parecen presumir que para el sentido común de los peruanos un golpe es perfectamente posible. Y esto es válido también si algún sector lo emplea porque cree que es una opción real. Es la naturalización del golpe como posibilidad.
Liberada Keiko Fujimori de la desmedida prisión preliminar y conocida la fuga del juez Hinostroza, por responsabilidad principal del ministro del Interior, pero sin olvidar la demora de trámite de acusación desde el Congreso ni los esfuerzos del fujimorismo por blindarlo.
