Santiago Pedraglio
Santiago Pedraglio

La Comisión de Constitución del Congreso está a punto de aprobar, por fin, la tipificación del delito de financiamiento ilegal para organizaciones políticas, un antiguo reclamo de diferentes sectores de opinión. Sin embargo, el dictamen contiene errores y ambigüedades que pueden desvirtuar el propósito que se busca: cortar el financiamiento ilegal de las campañas electorales.

Para comenzar, se pretende que la responsabilidad del financiamiento que recauden los candidatos no recaiga en la organización política ni en sus dirigentes, sino en el candidato, en el tesorero o en el llamado “responsable de campaña”. Con esto se descartaría cualquier tipo de sanción a la organización política.

Además, tomando en cuenta el número total de candidatos —al Congreso, a los gobiernos regionales y a todos los municipios—, queda claro que la ONPE terminaría por cargar con un trabajo prácticamente inmanejable. Habiendo dos mil alcaldías distritales y cinco candidatos, en promedio, por cada una, por ejemplo, la ONPE tendría que fiscalizar más de diez mil informes. Los informes deben ser, por el contrario, responsabilidad de los partidos nacionales y de los movimientos regionales; finalmente, ellos son los que cobijan a los individuos.

Otro gran problema es que se penalizarían en un solo paquete infracciones administrativas y delitos penales. Se considerarían, por ejemplo, prácticamente iguales donaciones provenientes de fuentes prohibidas con otras que, sin tener un origen prohibido, sobrepasaran los topes.

Hay, igualmente, temas que se están pasando por alto: sancionar la predisposición al mal uso de los recursos públicos –pinto del color de mi partido las obras hechas con dinero de todos– y fomentar la reducción de los costos de campaña –entre 70% y 80% se va en publicidad que aparece en los medios de comunicación–, porque el exceso acrecienta la vulnerabilidad frente a los fondos mal obtenidos.

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