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La anulación del indulto a Alberto Fujimori –al margen de la discusión jurídica sobre su consistencia o del tratamiento humanitario que el caso requiere– generó un evidente desplazamiento de la atención política y mediática: del referéndum y de las leyes que debía aprobar previamente el Congreso, a la polémica desatada por el caso Fujimori y la consiguiente politización de la decisión judicial.
La pregunta, en términos de la agenda pública, es si el presidente Martín Vizcarra perderá la iniciativa y la asumirá el fujimorismo. El presidente Vizcarra deberá definir si pone reparos centrales a uno o más de los proyectos aprobados, o si quedan como han sido sancionados por el Congreso.
Si el presidente no observa ningún punto, el debate se termina y no queda sino esperar el referéndum para que el paquete de reformas sea sometido al voto popular. Sin duda sería una victoria principalmente del Ejecutivo, pero el Legislativo también saldría en la foto. De alguna manera tendría algo de compartido, salvo quizá por la izquierda, que ha votado en contra.
La otra variante es que el presidente de la República impugne alguno de los proyectos aprobados, que seguramente sería el relacionado con la reelección de los congresistas. Esto porque la redacción final del texto aprobado da lugar a varias interpretaciones, incluida aquella que considera posible la reelección en 2021 de los actuales congresistas: al formar parte de un Congreso unicameral no serían ni diputados ni senadores; es decir, supuestamente no estarían impedidos de reelegirse en un nuevo Congreso bicameral. Si sucediera tal cosa, podría plantear una cuestión de confianza sobre la interpretación del referido acuerdo.
Sobre el indulto, lo más probable es que el Ejecutivo se maneje con prudencia: que, por ejemplo, no presione por la salida de Alberto Fujimori de la clínica y que su estancia sea, por lo tanto, indefinida.
