Según diversas versiones periodísticas, Odebrecht confirmó que el 2011 le habrían entregado dinero a Humala, por pedido del Partido de los Trabajadores; a Keiko Fujimori y, en general, a las candidaturas con opción de ganar. Añadió que Barata, su operador en el Perú, puede precisar los montos entregados.
Agregó que la sigla AG alude a Alan García; que las empresas consorciadas –en especial, Graña y Montero– estuvieron informadas de todos los manejos; y que PPK se había resistido al proyecto IIRSA, para luego –ya no ministro– restañar heridas vía la contratación de consultorías.
Las denuncias involucran a varios grupos, pero es importante prever las posibles iniciativas del fujimorismo por ser la principal fuerza parlamentaria, con capacidad para adoptar decisiones con un impacto sustancial sobre el destino de la investigación y la preservación del estado de derecho.
Es probable que el fujimorismo acuse al presidente Pedro Pablo Kuczynski de haber faltado a la verdad en la comisión Lava Jato. El propósito final sería la vacancia. Pero el camino no les será fácil: si le creen tan fielmente a Odebrecht cuando habla de PPK, ¿cómo harán para “no creerle” cuando se refiere al financiamiento de la campaña del fujimorismo el 2011?
Parte de su estrategia también sería destituir al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Ya dieron luz verde a una investigación por una acusación constitucional contra Sánchez, que, de prosperar, hará que salgan otros dos fiscales clave: Hamilton Castro, que lidera el equipo Lava Jato, y José Pérez, encargado de investigar a Keiko Fujimori y a Joaquín Ramírez. Un último punto decisivo sería impedir que Barata confirme las acusaciones de su jefe Odebrecht. ¿Cómo podrían lograrlo? Procurando que sigan los juicios abiertos contra Barata por lavado de dinero, bajo la justificación de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esta sería la mejor manera de que ya no colabore con la justicia peruana.
