Que no se diluya la reforma judicial

La Contraloría detalló que también incautará cualquier medio de almacenamiento que contenga la información relacionada con la materia de control, que sea de propiedad o se encuentre en posesión en cualquiera de las instalaciones del CNM. (Foto: USI)

La Contraloría detalló que también incautará cualquier medio de almacenamiento que contenga la información relacionada con la materia de control, que sea de propiedad o se encuentre en posesión en cualquiera de las instalaciones del CNM. (Foto: USI)

La Contraloría detalló que también incautará cualquier medio de almacenamiento que contenga la información relacionada con la materia de control, que sea de propiedad o se encuentre en posesión en cualquiera de las instalaciones del CNM. (Foto: USI)

Santiago Pedraglio
Santiago Pedraglio

La reforma política es importante y el presidente Vizcarra ha propuesto una consulta popular sobre tres temas que la involucran: el financiamiento de los partidos, la no reelección parlamentaria y la recreación de un sistema bicameral, con el número actual de congresistas (además de un tema judicial: la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura).

De los tres temas políticos, el de financiamiento de los partidos —que no es una reforma constitucional— debería obtener en el Congreso un apoyo plural, por no decir unánime, mientras que los otros dos son más controversiales: reconociendo que la propuesta presidencial, como ha sido formulada, es muy popular y seguramente mayoritaria, en lugar del “que se vayan todos”, podría pensarse en una renovación por tercios o, mejor aún, por mitades; y en cuanto a la bicameralidad —propuesta que, a diferencia de la anterior, no es muy popular—, plantear una en serio, con una representación parlamentaria más vasta y mejor pensada.

Aun sin tener encuestas a la vista, es posible afirmar que el gancho popular del referéndum del presidente Vizcarra está particularmente anclado a la propuesta de cambio completo del Congreso, y a la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como expresión —es probable que así sea entendida— de una reforma profunda de la administración de justicia.

El reto es que la llamada reforma política contenida en los temas del referéndum no termine opacando o incluso invisibilizando la crucial reforma del sistema de justicia. Esto, más aún teniendo en cuenta que las medidas planteadas —tales como crear el sistema de fiscales especializados en corrupción, crear una Autoridad Nacional de Integridad y Control e incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía— aterrizarán en el Congreso como iniciativa del Poder Ejecutivo, bajo la forma de proyectos de ley, y no como parte del referéndum.

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