¿Qué razones tienen el Ejecutivo y el Congreso para no poner como una prioridad política nacional la prevención de un desastre sísmico en Lima? ¿No hay nada que hacer para minimizar los daños? ¿Hay que cerrar los ojos y esperar?
Si este pensamiento premoderno e irresponsable reina y vence, pasarán las cosas “como tienen que pasar”: la dimensión de los daños cuando se produzca el sismo –mañana, el próximo mes, el próximo año o dentro de diez– será tremenda.
Si el Gobierno se pone a la cabeza de una movilización de “emergencia preventiva”, seriamente, sin alardes y de manera rigurosa y creativa, tendrá éxito doble: político, porque, si su propuesta es convocante y amplia, los diferentes sectores sociales y políticos lo apoyarán; y práctico, porque impulsar la cultura de la prevención se traducirá en iniciativas concretas.
Es ingenua la idea de que si se habita en lugar sólido no pasará nada, o que serán los “informales irresponsables” los únicos que pagarán los costos en vidas y daños materiales. Las consecuencias no se reducen al momento en el que ocurre el sismo. Sin duda, serán los sectores más carentes los que sufrirán más, pero una amplia población se quedarán sin agua ni luz y, muy probablemente, se agudizará la inseguridad. ¿Saben las personas dónde hallar provisiones de agua, alimentos básicos, medicinas, además de las que cada familia pueda tener? Para empezar, la Municipalidad de Miraflores, con sus “almacenes soterrados de emergencia”, es un ejemplo a replicar.
Si el Gobierno pone al frente, en el marco del COEN, a un especialista en situaciones de emergencia y se decide, puede movilizar a ingenieros expertos, a estudiantes de facultades de ingeniería y arquitectura, a médicos y trabajadores de salud, a estudiantes de medicina, para ir a los barrios, ayudar a organizar a la población, y a coordinar en los municipios y los sectores estatales, además de dar sugerencias concretas para fortalecer las construcciones, se habrán dado pasos que salvarán muchas vidas.