Enfrentar con relativo éxito la crisis de la administración de justicia entraña varios problemas. Quizá el más grave es que no existe una fuerza política con la amplitud, consistencia y convicción para impulsar las reformas y llevarlas adelante. El país vive no solo una crisis judicial, sino también política.
El 28 de julio, el presidente Vizcarra puede dar la sorpresa y proponer reformas radicales. Eso estaría bien, pero no pasaría de ser el primer paso de una larga batalla política, desde la aprobación de las propuestas por el Congreso hasta, después –en la hipótesis de que sean aprobadas–, la pugna por implementarlas en el más breve plazo.
El desafío es enorme. Si el presidente toma la iniciativa este sábado 28, lo estaría haciendo desde una posición minoritaria en el Parlamento y en el concierto de las fuerzas políticas organizadas. No tiene partido ni una organización articulada. Pero toda fuerza reformadora, del signo que sea, incluso siendo pequeña, tiene el potencial para encarnar la demanda de cambio que hoy expresa la ciudadanía y se refleja en las encuestas.
Según el último sondeo de GfK, el 84% quiere que se inicie una investigación a partir de los audios, pero apenas el 20% confía en la independencia del Congreso para investigar. La aprobación de los principales poderes del Estado es, simultáneamente, mínima: 8% el Poder Judicial, 12% la Fiscalía de la Nación, 8% el Congreso, 14% la Presidencia del Consejo de Ministros y 9% los ministros. Con su 27% de aprobación, el presidente Vizcarra representa, aunque a la baja, cierta expectativa.
En un ambiente de pesimismo y de fuerzas políticas débiles o sin voluntad de cambio, las iniciativas que proponga el presidente, si bien no resolverán per se la gravedad de los problemas, pueden abrir un escenario algo más esperanzador.
