En los debates clásicos contra el marxismo, los partidarios del capitalismo de libre mercado argumentan –no sin razón– que la economía planificada socialista concentra el poder económico y político en el Estado, mientras que el capitalismo de mercado lo disemina, debilitando así el ejercicio autoritario del poder; además –afirman–, este último impulsa la creatividad y la innovación –claves para la derrota del modelo soviético al final de la Guerra Fría– y, por consiguiente, otorga mejores condiciones para el ejercicio de derechos individuales y para la organización de una democracia liberal.
Desde el punto de vista de la academia, en un artículo publicado en 2009 en la revista Capitalism and Society, el economista británico John Kay habla de tres fortalezas centrales del funcionamiento del capitalismo: a) el mecanismo de los precios como guía para la asignación de los recursos es superior al planeamiento centralizado; b) los mercados funcionan como un proceso de descubrimiento y de experimentación mediante el cual la economía de mercado se adapta al cambio; y c) los mercados operan como mecanismo de difusión del poder económico y político. Sin embargo –y he aquí lo fundamental para el debate peruano actual–, la tercera fortaleza depende de que la sociedad y el Estado logren impedir la concentración del poder económico y político mediante la calidad de las instituciones y la efectividad de las políticas de competencia y la regulación.
El presidente de Confiep, Roque Benavides, califica, en cambio, como “una traba más” la regulación de las fusiones. Lo que vale, según este pensamiento, es el capitalismo achorado, ese de “el que puede, puede”, mejor aún si es con ninguna o casi ninguna regla. Un capitalismo salvaje. En este contexto, ¿cómo creerle al gerente general de Inkafarma, Rafael Dasso, que su política no se basa en el alza de precios, si ya cuando eran empresas farmacéuticas diferentes pactaron precios y debieron pagar la multa que Indecopi les impuso?
