El 19 de abril pasado se produjo una tragedia: la sabia indígena shipibo-conibo –gran conocedora de la cultura ancestral de su pueblo, en particular de la medicina tradicional– Olivia Arévalo Lomas (81) fue asesinada.
Las primeras versiones sobre el homicidio afirmaban que la señora Arévalo era una lideresa de su pueblo y que probablemente había sido atacada por personas relacionadas a la tala ilegal (como ha sido el caso de otros dirigentes amazónicos) o a algún otro negocio ilegal.
Esta versión se diluyó cuando surgió la hipótesis de que el supuesto autor del asesinato había sido un ciudadano canadiense, y se conoció que la señora Arévalo no era una dirigente política o social, sino más bien espiritual. Posteriormente se conoció el nombre del referido ciudadano canadiense, Paul Woodroffe (41), quien finalmente fue asesinado en la comunidad Victoria Gracia de Yarinacocha.
La primera constatación es que se carece de información clara hasta el momento. ¿Cuáles serían los móviles del asesinato de la señora Arévalo? ¿Qué razones hubo para sospechar del ciudadano canadiense? ¿Qué hacía él, a qué se dedicaba en el pueblo?
Estas preguntas deben ser aclaradas por la Policía y, sobre todo, por la Fiscalía. Caretas (26.4.18) menciona la posibilidad de que el arma homicida haya sido vendida por un efectivo policial. ¿Fue así? ¿Es legal que integrantes de la Policía Nacional del Perú puedan vender armas? ¿Cómo se llama el efectivo que lo hizo, si se hizo la venta?
Con cada día que pasa, el asunto se va enturbiando, y esto termina por alimentar el prejuicio de que los nativos amazónicos son “unos salvajes”. Por eso, urge que se investiguen a fondo los dos asesinatos: el de la señora Arévalo y el del ciudadano canadiense; y que en este último caso se encuentre y se castigue a los culpables individuales, no a todo un pueblo.
