¿Con quién nos quedamos?

Leo la lista de los denunciados por la comisión Lava Jato del Congreso y, conociendo no solo a algunas de las personas, sino los argumentos para incluirlos en tal lista, queda claro que, en lugar de buscar la verdad, ha habido un afán de venganza política y hasta personal. Percibo lo mismo en la lista de funcionarios recientemente inhabilitados por un tribunal de la Contraloría.

La Constitución establece que toda persona tiene derecho “al honor y la buena reputación, (y que) toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social, tiene derecho a que este se rectifique, (...) sin perjuicio de las responsabilidades de ley”.

No sé de casos en los que una rectificación haya revertido el daño ocasionado. En la prensa, es el periodista “dueño del micro o lápiz” quien se queda con la última palabra. Eso sí, cuando uno de ellos se sienta agredido, derramará algunas lágrimas en el hombro de un colega y, al pasar su crisis personal, continuará difamando con la misma impunidad con la que lo hacen los congresistas.

Mientras que hasta los terroristas hallan tribunales internacionales u organizaciones de DD.HH. que los defiendan, a los funcionarios injustamente sancionados o acusados no los apoya nadie. Su consuelo es saber que quienes los conocen saben que nunca tocarían un centavo ajeno; mucho menos del Estado.

Pero el resultado de esta “cacería de brujas” no deja de ser interesante: se ha excluido del servicio público a miles de funcionarios honestos y capaces, y espantado a los profesionales con ese perfil. ¿Qué queda ahora?
Una magnífica oportunidad para que al Estado solo quieran ir los desesperados por empleo, los mártires de vocación y los que aprovechan y roban sin ser descubiertos. ¿Con ellos se harán las reformas?