“Mayor caída en 10 años…”, dijeron los titulares de los diarios con relación a nuestra posición en el ranking de competitividad. No es de extrañar, considerando los escándalos de corrupción en que se han visto involucrados empresarios y funcionarios públicos. Sin embargo, recordemos que no es que este periodo haya sido el de mayor corrupción; es solo que ahora los hechos son conocidos por la mayor parte de la población y el “resto del mundo”.
Trabas burocráticas, corrupción y falta de ética van de la mano y se retroalimentan: ante un hecho indeseable, la reacción del Estado suele ser exigir nuevos permisos o aumentar hasta el absurdo, el nivel de exigencia de los mismos, sin evaluar si estas medidas evitarán que se den este tipo de situaciones o si realmente se pueden cumplir. Con cada norma, se genera una nueva traba burocrática y la oportunidad de crear una caseta de peaje que incrementa el costo de hacer negocios y participar en la actividad económica. Golpe a la competitividad.
En el caso de construcción de infraestructura pública, en el Perú la corrupción y falta de ética lograron desincentivar la participación de empresas no dispuestas a involucrarse en actos de corrupción. Con ello, el mercado quedó en manos de unos pocos que pudieron imponer sus condiciones y beneficiarse a costa del perjuicio al país.
El monto de las coimas es solo una pequeña fracción del costo para el país. La mayor parte está en la mayor utilidad que logran las empresas gracias a los sobreprecios; eso, en términos monetarios.
Finalmente, al hablar de corrupción, solía pensarse primero y, a veces únicamente, en el funcionario público: era este quien pedía sobornos y no quedaba más remedio que darlos. Hoy la percepción ha cambiado: según la encuesta de Proética, el 71% de los empresarios es percibido como corrupto.
Por eso, el mayor daño de la corrupción sobre la sociedad es más difícil de calcular: el deterioro moral.