Cuando, hace ya un año, con mucha soberbia y pocas luces, se presentó el DU 003, no fueron pocos los que advirtieron sobre los riesgos de romper la cadena de pagos, paralizar proyectos de inversión, quebrar empresas y perder empleos.
Frente a las revelaciones de corrupción en las que estaban involucrados tanto funcionarios como empresarios, la reacción fue similar a la que escuchamos ahora cuando se pide pena de muerte para los violadores: es una reacción de rabia y venganza antes que una reacción racional que evalúa objetivamente sus consecuencias y que se concentra en evitar que se vuelvan a generar los daños que causan sobre las personas o la sociedad estos hechos criminales.
El DU 003 priorizó el castigo y la reparación civil o pagos al Estado por encima de las otras obligaciones a las que las empresas acusadas se hubieran comprometido. Fue una suerte de pena de muerte para las empresas, para los proyectos y para los empleos formales. En Perú, un año sin que haya crecido la inversión significa que nuestras brechas respecto a otros países (como Chile, eterno referente en infraestructura) se agrandan.
Hoy, el MEF propone una ley que pretende salvar lo más importante: la inversión (se estima que son 30 mil millones pendientes de ejecución); la creación de infraestructura, especialmente de transportes, educación y vivienda; y la creación de no menos de 26 mil empleos formales este año (vs. la pérdida de 53 mil).
La norma puede significar un gran avance para recuperar al país, pero hará falta tener funcionarios capaces y capaces de tomar decisiones sin miedo. Ojalá los congresistas lo entiendan así: devuelvan la confianza y estabilidad al país y, además, aprueben la ley.