Aquí no pasa nada, señores

En 50 días deberemos elegir a las autoridades que regirán los destinos del país por los próximos cuatro años, y lo haremos bajo la sombra de los escándalos de corrupción desatados y las prisiones preventivas. Veinticinco gobernadores, 196 alcaldes provinciales y 1,874 alcaldes distritales, además de regidores provinciales y distritales, que manejarán millones de soles de dinero público. De lo poco que sabemos de estos, por ejemplo, es que hay 53 candidatos a alcaldías distritales en Lima y 38 a gobernadores con sentencias firmes que representan a FP, APP, Somos Perú y el PPC (‘Error de fábrica’, EC 15/8/18)

Ellos deberán tomar las decisiones sobre el desarrollo del país a nivel subnacional entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022. Decidirán qué proyectos de infraestructura sacan adelante, cuáles inversiones aprueban, decidirán también si permiten el libre desarrollo de las inversiones privadas o, como vienen haciendo, les imponen barreras. De ellos dependerá si la corrupción sigue siendo la moneda corriente en el Perú.

Para que se haga una idea, el presupuesto nacional para los gobiernos regionales 2018 es de S/25,751 millones y para las municipalidades, S/16,025 millones. Un festín si cae en las manos equivocadas, como ha venido ocurriendo. El problema de seguir así es que terminaremos viviendo en una sociedad donde el crimen es la norma, y si ello sigue así, deberemos todos convertirnos en criminales para poder operar en el sistema.

Las redes de corrupción en Áncash, Callao, San Bartolo y La Victoria muestran que el Estado está poniendo redes criminales a su servicio. Y si bien nosotros como electores llevamos a esas autoridades al poder, son los partidos políticos los que nos los presentan con su sello de aprobación. Hace unos días, Luis Castañeda Lossio, fundador y presidente de Solidaridad Nacional y responsable de haber llevado al poder a cuatro alcaldes hoy detenidos por acusaciones de corrupción, se lavó las manos y dijo que “por unos casos no pueden juzgar al partido”. Una muestra de cómo los partidos políticos no están dispuestos a asumir su responsabilidad.

El 22% de la población peruana vive en pobreza, con menos de S/328 per cápita, por día; el 45% de los peruanos del área rural presenta déficit calórico; es decir, su alimentación es inferior al mínimo de subsistencia; el 40% de la población rural no tiene acceso a agua por red pública y el 55% no tiene acceso a saneamiento. Ellos necesitan del Estado y el Estado es una sucursal del crimen organizado.