Judicializando la política

La detención preliminar de Keiko Fujimori y otras personas vinculadas a FP debería llevarnos a cuestionar nuestro sistema de justicia. Richard Concepción Carhuancho está haciendo uso indebido de la privación de la libertad de las personas. Lo hizo cuando ordenó la detención de Nadine y Ollanta. Y lo hace todos los días con ciudadanos de a pie que no llegan a ser noticia.

La debilidad de nuestro Estado de derecho es un grave problema que nos afecta a todos. La principal razón de ser del Estado de derecho es la predictibilidad. Existe un ordenamiento jurídico que define qué se puede y qué no se puede hacer y los ciudadanos deben saber cuál es la consecuencia de sus actos sin que dicha consecuencia sea “negociable”. El respeto por la ley, los contratos, la protección de los derechos de propiedad y las garantías constitucionales dan seguridad jurídica.

Concepción Carhuancho ordena la detención de Fujimori porque considera que desde Fuerza 2011 (hoy FP) se ha constituido “una organización criminal que tenía entre sus fines obtener el poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial Odebrecht, para que luego estando en el poder se retribuyera estos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas (Ejecutivo), beneficios normativos (Legislativo) y/o favorecimiento judicial (Judicial)”. Es decir, se acusa sobre un hecho futuro incierto que podría haber ocurrido, pero que no ocurrió. Un solo de suposiciones. Algo así como, quise matarlo, dicen que compré el arma, pero no lo maté.

Más aún, supone que, en 2010, se sabía que Odebrecht era una empresa que utilizaba dinero de la corrupción para posicionarse en el Perú. De ser así, varias personas e instituciones que recibieron dinero de Odebrecht deberían estar siendo investigadas. Como el IPYS, que financiaba premios de periodismo con dinero de Odebrecht (2014-2015) y varias universidades a las que Odebrecht les financió publicaciones.

Y sí, Fujimori tiene 83% de desaprobación, sigue resentida porque perdió la elección, es mandona y antipática y, para muchos, una mala hija. La mayoría de sus congresistas son impresentables y difícilmente coincido con algo de lo que proponen. Pero nada de eso es suficiente para meterla presa.

El TC ha establecido que solo por razones muy excepcionales se debe privar de la libertad a una persona sin que previamente se haya demostrado judicialmente su culpabilidad. Pero los jueces y fiscales sienten que no deben rendirle cuentas a nadie. ¿Se sentiría usted seguro en manos de Concepción Carhuancho?