¡A la hoguera!

La concertación de medios, esto es el control de los medios por los mismos grupos de interés, afecta la diversidad de opiniones y genera serios problemas a la libertad de información y a los procesos democráticos. Y es que la forma en que los ciudadanos logran informarse sobre la realidad política nacional es a través de los medios. Y es sobre la base de esa información que forman sus opiniones.

En el Perú, se ha instaurado la dictadura del pensamiento políticamente correcto. Y los medios deciden qué información es la que se hace pública, con el sesgo de quienes los dirigen. Por ello, pese a la cacería de brujas que se ha desatado contra FP, son muy pocos los periodistas que se han atrevido a levantar la voz y cuestionar las resoluciones judiciales que ordenan la detención preliminar sobre la base de suposiciones y el dicho de un colaborador eficaz.

Como ha sostenido Fernando Berckemeyer en un artículo en CNN, “Keiko es víctima de una injusticia. Primero, porque está siendo juzgada penalmente por una conducta que, al menos bajo la ley peruana, solo es una falta administrativa. A saber, liderar un partido que recibió más financiamiento electoral de un solo donante que el permitido y hacer que parezca como procedente de varios otros financistas (simulados)”. Lamentablemente en el Perú, la falta de transparencia en el financiamiento de partidos políticos hace que la mayoría de empresas que hacen aportes para las campañas quieran hacerlo por debajo de la mesa. Y le tengo una noticia, FP no es el único partido que utiliza financistas simulados para esconder a los verdaderos aportantes.

Berckemeyer sostiene que “Procesar a Keiko como la ‘cabecilla’ de ‘una organización criminal’ dedicada al ‘lavado de activos’ es jalar al derecho de los pelos. Como lo es darle prisión preliminar a quien dirige el que aún es el partido más importante del Perú”. Y no solo a ella, 24 personas fueron detenidas preliminarmente en la prefectura, en condiciones que ningún ciudadano debería experimentar en un Estado de derecho. Y sin saber siquiera de qué se les acusaba.

Lourdes Flores considera que se está forzando la figura del crimen organizado para encajar una conclusión anticipada. Rompiéndose así un principio básico del derecho penal: “lo que no está tipificado como delito, no es un delito”. Más aún, señala, “ello no da garantías de una investigación seria, aunque sea popular. Porque lo popular no es ni lo serio ni lo legal”.
Y la presunción de inocencia ha dejado de existir. Los medios dan por sentado que FP es una organización criminal.