El país de la injusticia

Ayer, el escándalo institucional que se vive en el país llegó a su punto más álgido (hasta ahora), ya que junto con la renuncia de Pedro Chávarry al cargo de fiscal de la Nación vino el destape de la violación del lacrado y sustracción de documentos de las oficinas de uno de sus asesores, quien presuntamente tiene vínculos con Fuerza Popular.

Esto evidencia una triste realidad, presente en el sistema judicial desde hace décadas: su falta de independencia; sea respecto al Gobierno, empresarios o individuos con influencia. El sistema se mueve más por presiones como estas que por iniciativa propia. Si bien la mayoría de peruanos es consciente de ello, importa ponerlo en perspectiva para entender la magnitud del problema.

Al analizar el ranking del pilar “independencia del sistema judicial” del Reporte de Competitividad (WEF) de los últimos 15 años, apreciamos que el desempeño del Perú fue casi igual al de países subsaharianos, variando entre los puestos 110 y 120, de casi 130 países. Esto muestra la incapacidad del sistema de justicia peruano para reformarse y mejorar por iniciativa propia (son 15 años de estancamiento). Algunos podrían pensar que esta es una realidad común en la región, pero no es así.

Según la última entrega del reporte en mención, Perú está en la posición 115/140 –sexto de la región–; detrás de Uruguay (23), Chile (36), Brasil (79), Argentina (101) y Colombia (112). Nuestra situación es preocupante, pues estamos a un pelo de las joyitas sudamericanas: Ecuador (135), Paraguay (136), Venezuela (139) y Bolivia (140).

Mejorar el sistema judicial es prioridad nacional, y debe darse necesariamente en el marco de la Constitución. De lo contrario, seguiremos siendo el país de la injusticia.