(REUTERS)
(REUTERS)

¿La lucha contra la corrupción será el derrotero del gobierno del presidente Martín Vizcarra? ¿Realmente hará para combatir este flagelo o simplemente nos venderá humo como su antecesor?

Si revisamos los más de cien decretos legislativos que se emitieron entre finales de 2016 e inicios de 2017, encontraremos la famosa ley de la “muerte civil” para los corruptos.

Más allá de las portadas que esta norma generó, lo real es que la mal llamada “muerte civil” solo se aplica a unos cuantos delitos de corrupción cometidos por funcionarios estatales. En otras palabras, el corrupto podrá regresar a laborar al Estado, sin mayor problema, una vez que cumpla su sentencia penal o periodo de inhabilitación legal; ello si es que fueran sancionados.

Otra perla inoperante que hereda el gobierno de Martín Vizcarra es la llamada Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que no es más que una autoridad de papel cuya opinión resulta intrascendente incluso para quienes gestaron su creación.

Recordemos el caso del expediente del indulto al ex presidente Alberto Fujimori.

Ahí, la “autoridad” opinó que el expediente contenía información de carácter público y, sin embargo, el Ministerio de Justicia y el gobierno de turno se zurraron en la opinión de su propio órgano técnico. Valgan verdades, esta oficina fue diseñada como una estafa al ciudadano.

Finalmente, esperamos que el actual jefe de Estado haga caso omiso a los que critican a los miembros del gabinete de César Villanueva por el hecho de ser poco conocidos (ya se les pasará la piconería por no haber sido convocados ellos o sus patas).

Lo que sí es importante es que en los próximos seis meses, el presidente Vizcarra se dedique verdaderamente a fortalecer el sistema anticorrupción, caso contrario el lema “que se vayan todos” será un himno ciudadano que retumbará con más fuerza cada día.