PKK
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En diciembre de 2017, el presidente Kuczynski señaló: “Pido el levantamiento de mi secreto bancario para que revisen todo lo que quieran y asumo todas las responsabilidades que se deriven de mis actos” (El Comercio 15/12/17). Las declaraciones del mandatario fueron una respuesta política frente a las acusaciones que pesaban (y siguen pesando) en su contra respecto a sus vínculos con la empresa Odebrecht.

En ese contexto, la semana pasada se divulgó un informe de la UIF que revela información bancaria que relaciona al jefe de Estado con la corruptora carioca. Empero, como esta documentación no le fue favorable al Gobierno, la premier Aráoz salió a decir que la divulgación del informe de la UIF atenta contra el secreto bancario de PPK. Lo que queda meridianamente claro es que el ofrecimiento hecho en diciembre no fue más que otro cuento palaciego para ganar tiempo o quizá para hacernos creer que PPK no tenía nada que ocultar y que las imputaciones en su contra son una maniobra política para perjudicarlo.

El problema de esta nada eficiente estrategia gobiernista es que cada semana se descubren nuevos hechos que dan mayor consistencia a este segundo pedido de vacancia por incapacidad moral permanente. Así las cosas, el Congreso deberá decidir este jueves si el presidente Kuczynski seguirá ejerciendo funciones o si lo reemplazará constitucionalmente el vicepresidente Vizcarra.

Finalmente, es obvio que el Gobierno tratará de “convencer” a cuanto congresista pueda para que por lo menos se abstenga en la votación. Tampoco debe sorprendernos que algunos acepten canjear su voto a cambio de una obrita en su región o alguna otra prebenda.

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