La política en nuestro país es impredecible. Lo que corresponde a una democracia con débiles anclajes en la sociedad y un Estado con falta de legitimidad. Además, cuando el periodo está marcado por la lucha contra la corrupción en las alturas del poder y las triquiñuelas legales de quienes buscan sabotearla, la crisis adquiere una dimensión insospechada. Lo judicial pesa, pero la política manda.
Las reformas están entrampadas. La conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) demostró que la propuesta era indispensable, pero que lo planificado en el papel era una cosa y otra hacerla realidad. En la reforma política, en un ambiente dialogante, se consiguió, entre otras, la eliminación de firmas truchas para la inscripción de nuevos partidos y las condiciones mínimas para que estos logren mantenerse en la carrera electoral. Sin embargo, el importante tema de la inmunidad congresal no pasó. Ahí el Ejecutivo fue pechado por el Congreso.
El último proyecto del Ejecutivo que haría posible las elecciones generales adelantadas, robándole un año al Congreso y a la presidencia del país, es una audaz apuesta por cambiar las cosas. Ojalá que esté bien pensada. Es una batalla política iniciada por el Ejecutivo, pero en el terreno donde sus adversarios, ya recompuestos, enseñan sus músculos.
En este contexto es que el presidente Martín Vizcarra lanza la propuesta de un nuevo referéndum para darle legitimidad al adelanto de las elecciones, consciente de que la mayoría de la población está a favor del “cierre del Congreso”. Pero los obstáculos previos los maneja la mayoría congresal. Por eso, y otras cosas más, el diálogo es necesario y se daría al filo del precipicio.
OJO, el Gobierno de Maduro y el grupo de Guaidó lo hicieron en Oslo y ahora lo continúan en Barbados.
