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El pedido de vacancia presidencial copa la atención mediática en estos días. El proceso va a significar una prueba de estrés para nuestra débil institucionalidad. El escenario más desafiante es aquel donde vacan al presidente y sus vicepresidentes renuncian, con lo que la Presidencia quedaría a cargo del titular del Congreso, quien tendría que convocar a nuevas elecciones. Esta situación sería como un terremoto que genera ondas de inestabilidad.

Una situación como la que enfrentamos no es nueva. Algunos analistas políticos han recordado situaciones similares en América Latina, en las que por vías constitucionales e institucionales se destituyen presidentes elegidos mediante voto popular.

Sin embargo, no hay que ir tan lejos para observar hechos de vacancia. Basta dar una mirada a ese Perú que está más allá de Lima. El Jurado Nacional de Elecciones ha reportado que 439 autoridades regionales y municipales fueron vacadas en el periodo entre 2011 y 2014. Solamente el año pasado, el Jurado Nacional de Elecciones declaró la vacancia de 134 autoridades subnacionales.

Los procesos de vacancia no son nuevos, la novedad es que han llegado al ámbito nacional y a Lima. La mayoría de procesos en el ámbito subnacional se abren por motivos de corrupción e ineficiencia. El actual proceso al presidente tiene esta misma motivación. La incapacidad moral está referida a su inhabilidad de distinguir lo público de lo privado.

Para los ciudadanos, la inestabilidad que generan las vacancias no es algo nuevo, estamos acostumbrados a constantes pequeños temblores. La novedad es la presión acumulada que anticipa un posible terremoto nacional.

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