El valiente secretario general de la OEA, Luis Almagro, planteó hace unos días que todas las opciones, incluso la militar, no se deben descartar para acabar con el hambre, la falta de suministros médicos, las torturas a presos políticos y otras calamidades que afectan a millones de venezolanos. Lo que no imaginó Almagro es que el Grupo de Lima (GL) –creado por los cancilleres de 17 países latinoamericanos en agosto de 2017 para detener la consolidación de una dictadura en Venezuela– le respondería como si fuese la ALBA, sosteniendo su oposición a una posible intervención militar (sin las rúbricas de los representantes de Canadá, Colombia y Guyana).
En el momento de la verdad, cuando Almagro venía de presentar el caso de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU (en donde también hablaron expertos en terrorismo, narcotráfico y derechos humanos –todos con cifras, nombres y datos exactos de quién es quién en el narcoestado chavista–), y cuando el secretario de la OEA presenciaba el sufrimiento en la frontera colombo-venezolana, el GL perdió una oportunidad para quedarse callado.
¿Y si hubiese que considerar una opción militar?
América Latina debería aprender de la Unión Africana que tiene en su carta fundamental la Responsabilidad de Proteger a los Pueblos cuando estos sufren persecución, privación de necesidades básicas, guerras civiles, etc., y envían tropas por considerar que lo humanitario prevalece sobre la soberanía nacional. Tropas de naciones africanas han intervenido en Somalia, Darfur (Sudán), Burundi, etc.
La propia ONU, en su Cumbre Mundial de 2005, aprobó el principio de responsabilidad de proteger.
Latinoamérica, con el éxodo masivo de venezolanos, seguirá pagando las consecuencias de la guerra que le declaró el régimen de Maduro a su propia población, por su cobardía, incluida ahora la del GL de no callar para no ser cómplices de una dictadura que no reconoce la crisis humanitaria que mata.
