Jorge Barata señaló que se reunió con presidente de la Confiep y otros empresarios para acordar aporte a Keiko Fujimori en 2011. (Composición)
Jorge Barata señaló que se reunió con presidente de la Confiep y otros empresarios para acordar aporte a Keiko Fujimori en 2011. (Composición)

La situación del país por el caso Lava Jato es complicada. La turbulencia política no cesa tras la última declaración de Barata, referida a entregas de dinero en campañas electorales, y que todos niegan, excepto la Confiep. Nadie cree a los políticos. Es cierto que muchas empresas y personas aportan en periodos electorales, pero lo grave es no declararlo o pretender ganar un “favor” por ello.

Sin entorpecer la justicia, el Perú debe sacudirse de Lava Jato y avanzar.

Los asuntos vinculados al DU 003, que sería reemplazado por la Ley 2408, deben discutirse en el Congreso y es urgente. La obra pública está paralizada con S/30,000 millones por ejecutar, mientras que los sectores transporte, educación y vivienda, y regiones como Cusco, Áncash y San Martín sienten el impacto económico. El sector financiero también está afectado. Los empleados, con riesgo de perder sus empleos, y los proveedores, impagos.

La aprobación de la Ley 2408 otorgaría estabilidad jurídica y política a la situación de los activos económicos en Lava Jato y permitiría su venta a inversionistas, más aún cuando el Ejecutivo permanece amenazado por pedidos de vacancia.

Esta ley destrabaría la cadena de pagos y aseguraría un monto a cuenta de reparación civil con la venta de proyectos, principalmente Chaglla.

El Congreso ha introducido cambios a la propuesta del Ejecutivo, pero lo que no sería responsable en esta coyuntura es que el Legislativo rehúya a su responsabilidad. La parálisis de proyectos no conviene, tampoco a la oposición mayoritaria de cara al futuro electoral. La prisa Ejecutivo-Legislativo debe compartirse para reactivar la economía. El ruido político de vacancia y Lava Jato impactan en nuevas inversiones y su predictibilidad.