Justicia imperfecta, excesos y debido proceso

Con el nuevo presidente del Poder Judicial (PJ), José Luis Lecaros, aprobada vía referéndum la reforma judicial y declarado en emergencia el Ministerio Público, esperamos nuevos vientos para la justicia. La corruptela local y continental se ha encontrado con dos ‘paladines’ de la justicia con alta aprobación ciudadana: Concepción Carhuancho y Pérez. Ellos la personifican.

Tal labor también colinda con algunos ‘excesos’. Estamos hartos de la corrupción, pero ello no debe llevar a desvirtuar el debido proceso ni a sentenciar anticipadamente sin prueba plena.

Distorsiona que la justicia juzgue en 2018 hechos que no se sabían en 2011. Se desconocía la telaraña de corrupción de Odebrecht. Las empresas hacían donativos para campañas sin declarar (posiblemente casi todos los partidos los hayan recibido y ‘pitufeado’), ello no era delito. Los partidos no califican como organización criminal por recibir aportes y estos no son coimas salvo que se compruebe un beneficio posterior por contraprestación al aporte. El lavado requiere que el dinero sea ilícito y que el receptor conozca tal origen. Está tipificación no ha sido comprobada en cada caso. El PJ asume culpabilidad. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? La prisión preventiva (PP) no debe ser la regla. Responde a la posibilidad de huir, falta de arraigo, etc. Es posible el impedimento de salida del país, arresto domiciliario, fianzas; no solo PP.

El asilo solicitado por Alan García fue denegado, ya que en Perú no hay dictadura, no se trataba de una persecución política sino de acudir a la justicia. Sin embargo, el PJ adopta medidas exageradas. Estudios de abogados han sido intervenidos violándose la confidencialidad cliente-abogado.

En aras del debido proceso y la presunción de inocencia, el PJ debe ser cuidadoso en no cometer excesos que desvirtúen la búsqueda de la justicia.