(Foto: Mario Zapata / GEC)
(Foto: Mario Zapata / GEC)

Si en algo coincide la gran mayoría de peruanos, es en la urgencia de elevar el nivel moral e intelectual de nuestra clase política, sobre todo entre los representantes que llegan al Congreso de la República y Palacio de Gobierno. Los casos de parlamentarios y autoridades nacionales que no solo no dan la talla, sino que, además, se les descubre luego una trayectoria marcada por sendos problemas con la justicia, son recurrentes.

Por ello, para evitar que estos poderes del Estado se vuelvan a llenar de personajes de esta calaña es que la opinión pública y la voluntad popular han logrado la promulgación de normativas que bloqueen las postulaciones de quienes presenten antecedentes que los descalifican. Pero no parece ser suficiente para frenar la tendencia.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), incluso, facilitó hace meses una serie de herramientas digitales para que la ciudadanía y los partidos políticos pudieran saber, por ejemplo, si sus postulantes tienen sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada por delito doloso vigente, órdenes de captura nacional e internacional, deudas coactivas en la Sunat y deudas municipales como tributos, arbitrios, impuesto predial. Hasta donde se sabe, las organizaciones políticas las usaron poco o nada.

Siempre en aras de la transparencia, el JNE puso, asimismo, a disposición de los candidatos unos formularios en los que pudieran consignar sus hojas de vida de manera detallada. Si bien ninguno tiene obligación de registrar investigaciones y/o procesos en curso, estos documentos cuentan con una sección de “Información adicional” en la que podían incluir las indagaciones legales en curso en las que pudieran estar involucrados. Sin embargo, como ha informado Perú21, conspicuos candidatos como Martín Vizcarra, José Luna Gálvez, José Luna Morales y Cecilia García han eludido cuidadosamente toda mención a sus cuitas actuales con la justicia. Y, ciertamente, ellos no deben ser los únicos. De hecho, Keiko Fujimori también está en esa lista de omisiones peligrosas.

La ciudadanía merece y necesita tener toda esa información a su alcance. Si los políticos no hacen un esfuerzo por ser transparentes en esta etapa, ya sabemos lo que nos espera si llegan a ser gobernantes o congresistas. Avisados estamos.

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