Oleado y sacramentado

Con el fallo que declara infundada la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente, el Tribunal Constitucional (TC) avaló la disolución del Congreso de la República, manifestando que la decisión del presidente Martín Vizcarra –al negarse la confianza a su entonces primer ministro, Salvador del Solar– no violó ningún acápite o artículo de la Constitución peruana.

Con ello se cierra un tumultuoso capítulo de nuestra historia política, signada por los enfrentamientos del Ejecutivo con un Poder Legislativo dominado por una mayoría fujimorista que nunca se recuperó de su derrota electoral por la mínima diferencia, como se dice en el fútbol, obsesionada hasta el último instante en torpedear cualquier iniciativa proveniente del gobierno, al tiempo que –a través de sistemáticos y coordinados blindajes a personajes de oscuras trayectorias o probada colusión con las redes del crimen organizado– obstruía a como diera lugar el desarrollo de lucha contra la corrupción en nuestro país.

En el curso de este escenario ciertamente bélico cayó el presidente electo en los comicios de 2016, se censuró a connotados ministros sin razones medianamente sólidas, se cuestionó y saboteó el desempeño de organismos públicos de conocida eficiencia, se fondearon valiosos proyectos de ley en beneficio de las mayorías, se protegieron y alentaron protestas incluso de sectores vinculados al terrorismo y, como en ningún otro periodo congresal, se practicó tanto el infame lema de “otorongo no come otorongo”.

El capítulo se cierra, decíamos, y es hora de mirar adelante y concentrarse en el trabajo que demanda el país, para sacarlo del atolladero en que se encuentra, porque el tiempo ya corre en contra. Pero por eso mismo, sobre todo al momento de votar en las próximas elecciones parlamentarias, es imprescindible no olvidar ninguna de las tropelías que, sin vergüenza ni el más mínimo sentido ético, se cometieron en ese Congreso que terminó justa y constitucionalmente disuelto.