La carrera por desarrollar la industria del cannabis en el mundo se inició en 2012, cuando Colorado (EE.UU.) legalizó su uso recreacional. Este hito generó una ola regulatoria de despenalización, que a la fecha ha permitido que 32 estados tengan alguna regulación y que otros países, como Canadá, busquen despenalizar su uso.
Esta tendencia se soporta sobre datos y estimaciones prometedoras, que deberían ser considerados por nuestras autoridades, debido a los potenciales beneficios que representan al país.
Por ejemplo, según el medio especializado Marijuana Business Daily, en 2017 se reportó que dicha industria generó US$4,700 millones en impuestos al gobierno de EE.UU. y aportó 160,000 empleos a dicha economía. Poca cosa no es.
Considerando que tenemos una regulación incipiente, cabe preguntarse si Perú está en la capacidad de aprovechar todos los beneficios tributarios y económicos que hoy ofrece la industria cannábica global. Lamentablemente, la respuesta es un rotundo no.
Esto se debe principalmente a que el mercado de cannabis peruano solo está conectado parcialmente con el mercado global, ya que se permite la importación, pero se prohíbe la exportación y sus derivados, perjudicando a futuros productores locales.
Considerando que nuestro posible mercado local es de casi US$100 millones, el Estado a duras penas recaudaría en impuestos selectivos al consumo entre US$16 y US$20 millones al año (Cannabis Price Index 2018). Muy distinta sería la situación si se integrara el mercado peruano con el global, el cual es actualmente de US$32 mil millones (Forbes).
En un contexto de enfriamiento económico, desaprovechar una industria floreciente es al menos irresponsable. Que no se nos pase la ola.