Ola verde

La carrera por desarrollar la industria del cannabis en el mundo se inició en 2012, cuando Colorado (EE.UU.) legalizó su uso recreacional. Este hito generó una ola regulatoria de despenalización, que a la fecha ha permitido que 32 estados tengan alguna regulación y que otros países, como Canadá, busquen despenalizar su uso.

Esta tendencia se soporta sobre datos y estimaciones prometedoras, que deberían ser considerados por nuestras autoridades, debido a los potenciales beneficios que representan al país.

Por ejemplo, según el medio especializado Marijuana Business Daily, en 2017 se reportó que dicha industria generó US$4,700 millones en impuestos al gobierno de EE.UU. y aportó 160,000 empleos a dicha economía. Poca cosa no es.

Considerando que tenemos una regulación incipiente, cabe preguntarse si Perú está en la capacidad de aprovechar todos los beneficios tributarios y económicos que hoy ofrece la industria cannábica global. Lamentablemente, la respuesta es un rotundo no.

Esto se debe principalmente a que el mercado de cannabis peruano solo está conectado parcialmente con el mercado global, ya que se permite la importación, pero se prohíbe la exportación y sus derivados, perjudicando a futuros productores locales.

Considerando que nuestro posible mercado local es de casi US$100 millones, el Estado a duras penas recaudaría en impuestos selectivos al consumo entre US$16 y US$20 millones al año (Cannabis Price Index 2018). Muy distinta sería la situación si se integrara el mercado peruano con el global, el cual es actualmente de US$32 mil millones (Forbes).

En un contexto de enfriamiento económico, desaprovechar una industria floreciente es al menos irresponsable. Que no se nos pase la ola.