Ola de violencia

No solo porque rebota de inmediato cada vez que las encuestas incluyen el tema en su cuestionario, como en la última que se ha difundido, sobre la aprobación presidencial, para nadie es un secreto que los peruanos hemos aprendido a vivir en permanente estado de alerta ante un posible robo o asalto, sea en la calle, en algún comercio, transporte público o, incluso, en la aparente invulnerabilidad de nuestros hogares.

Para quienes no pueden pagar un guardaespaldas que los siga a todas partes o a un guachimán que cuide la calle del barrio donde se vive, el temor a ser atacado por un delincuente, apenas uno se descuide, es una tensión inacabable que se suma a la lucha diaria por la subsistencia.

Así, uno de los factores que más inciden en la actual desaprobación del presidente Martín Vizcarra es la inseguridad ciudadana. Y no les falta ni un ápice de razón a los encuestados. El problema no ha hecho más que agravarse de presidencia en presidencia: desde que cruzamos el umbral del siglo XXI, cambian las caras, cambian los nombres, cambian los discursos, pero la amenaza de la delincuencia no ha dejado de acrecentarse, sin que ninguna autoridad que haya estado a cargo del tema pudiese detenerla. Sin ir muy lejos, ayer este diario registraba media docena de incidentes en Lima, que iban desde los llamados microrrobos hasta asaltos a mano armada con tiroteos entre agentes de la ley y avezados rateros, dejando muertos, heridos y contusos; en La Molina, Chorrillos, Barrios Altos y San Juan de Miraflores, es decir, en todos los estratos sociales de la ciudad.

Está muy bien que por primera vez en la historia moderna del Perú esté investigándose –y mandando a la cárcel– a altas autoridades del Estado, de la partidocracia y de la empresa privada, así como a funcionarios y profesionales comprometidos con actos delictivos a gran escala. El presidente debe respaldar esos esfuerzos, sí, pero también debe preocuparse del día a día de los peruanos de a pie, de la seguridad que el Estado debe ofrecer a los ciudadanos y sus familias ante el avance de la delincuencia: no hay democracia ni modernidad posible si el país se deja someter por las sangrientas leyes del crimen y la violencia callejera.