Ojo, pestaña y ceja

Durante seis días, el Gremio de Transportes y Logística del Perú, los camioneros que transportan la carga pesada a nivel nacional, tuvieron bloqueada la carretera Panamericana en el norte y en el sur. Hubo desabastecimiento de combustible en Piura, Chiclayo, Arequipa, Tacna; los alimentos empezaron a escasear en los mercados de esas ciudades y los comerciantes, a especular con los precios.

El 30% de los camioneros que abastecen el puerto del Callao se plegaron luego y si el paro hubiera continuado, las pérdidas millonarias en todo el sector agroexportador hubieran sido incluso más graves.

Las autoridades lograron ayer un acuerdo luego de haberse reunido con los dirigentes gremiales en más de una ocasión, encuentros en los que no llegaban a ninguna solución. Los transportistas exigían la reducción de las tarifas de los peajes en las vías concesionadas, cosa que han logrado por un tiempo. También querían que bajaran los precios de los combustibles, y consiguieron que se adelantara la rebaja.

Seguramente el Gremio de Transportes y Logística del Perú tiene razones que deben seguir siendo dialogadas con las autoridades del MTC, pero desconcierta que los camioneros que llevan todo tipo de productos a los puertos pidan que se les exonere del uso del hoy tan necesario GPS. El Gobierno por el momento ha extendido el plazo de capacitación en este tema, pero no debería ser postergado más.

El Ejecutivo hizo un esfuerzo en varios niveles para poner fin a ese paro y el acuerdo fue suscrito por unanimidad por todas las dirigencias regionales. Bienvenido el consenso, pero que los gremios y los políticos que pudieran estar tras ellos no jueguen a llegar al límite de atentar contra la estabilidad, el orden y la economía de nuestro país. Si hoy se accede a un pliego, con el mismo derecho podrían pedir lo mismo los demás. ¿De qué caja saldría entonces ese presupuesto?

Felizmente el problema no ha escalado y no llegaron a sumarse otros gremios como el de transporte interprovincial. La sensación hubiera sido fatal y el Gobierno percibido como incapaz ante una huelga cuyas implicancias en el día a día de los peruanos se hubieran constituido en problema nacional.

En un ambiente así, la lucha contra la corrupción dejaría de ser la prioridad de la ciudadanía, conseguir que un juez cuestione y anule el acuerdo firmado entre el Estado peruano y Odebrecht sería harto posible; y el equipo especial Lava Jato ya no podría contar con el respaldo de la gente en las calles para evitar tal arbitrariedad.

Nunca más pertinente aquello de que en política no hay coincidencias. Porque no ha sido coincidencia que los transportistas paralicen el país, sin importarles los huaicos, los desbordes, las lluvias torrenciales que arrasan con las pequeñas propiedades y las vidas de tantos compatriotas, la misma semana que los funcionarios de Odebrecht comienzan a cantar.

La negociación entre los camioneros de carga pesada y el MTC comenzó en agosto del año pasado. ¿Por qué elegir un momento de desastres naturales para radicalizar su posición?

Ojo, pestaña y ceja: el Gobierno no puede pisar el palito ni caer en la inacción. La autoridad dialoga, pero en el marco de la ley, y en los extremos, se impone. Tomar carreteras es un delito.

Los ciudadanos no podemos perder de vista a los políticos que respaldan huelgas como esa en estas circunstancias, ni a sus mañosos socios escondidos tras ellos.