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Mauricio Mulder, Pido la palabraCongresista

Aunque tarde y sin tomar conciencia de que su inacción ha impedido la creación de 200 mil empleos en los últimos 20 meses, Ollanta Humala presentó un plan de siete puntos con miras a mejorar el desempeño de la economía nacional que, a partir del ascenso del nacionalismo al poder, ha comenzado a decrecer ostensiblemente.

Hay que reconocer, como siempre lo hemos hecho, que Ollanta Humala cumplió su promesa electoral de respetar las líneas maestras de la economía y de no imponer una economía de guerra como la que le sugerían los radicales de la primera hora, encabezados por el economista Félix Jiménez. Pero también es verdad que una política económica que se basa en propiciar el crecimiento y el desarrollo del país para generar recursos que permitan una redistribución a los sectores más pobres supone un impulso decidido y una generación de confianza que solo el presidente de la República puede dar.

Por paradoja, eso es lo que hoy en día diferencia a un gobierno revolucionario de uno reaccionario. Los partidos que más redistribuyen son los de la izquierda, que alientan la inversión, pero toman la decisión política de gravar el dinero del crecimiento y entregarlo a los más pobres. En cambio, los gobiernos que no hacen nada permiten que la economía crezca pero, al no alentar el crecimiento en forma más decidida, terminan repartiendo migajas y enriqueciendo a los más ricos, profundizando la desigualdad.

Eso es lo que constituye este gobierno. Un gobierno ausente, sin decisión ni impulso, y un presidente que no alienta inversiones ni lucha por atraer capitales que huyen de Europa, de Estados Unidos y de otras latitudes en busca de espacios más agradables, no va a lograr reducir la desigualdad y tampoco mantener los ritmos altos de disminución de la pobreza. Humala mostró su desazón, en una reciente entrevista, acerca de la incapacidad del Estado para adoptar decisiones por la enorme cantidad de trabas burocráticas. Pero olvida que, siendo él el jefe de Estado, y teniendo constitucionalmente la potestad de emitir normas como decretos supremos o decretos de urgencia, y en su momento decretos legislativos, le corresponde desbloquear los obstáculos burocráticos, que incluso las propias leyes de contrataciones y adquisiciones del Estado le permiten, mediante procesos acelerados de selección bajo controles previos de la Contraloría.

Pero, como sus huestes se la han pasado acusando al gobierno aprista por haber logrado propiciar justamente lo que le permitió el crecimiento y el desarrollo alcanzado en el quinquenio anterior, que es récord histórico nacional, jamás alcanzado por gobierno alguno, entonces terminan convirtiéndose en esclavos de sus palabras y de sus odios.

Pero vean la paradoja. La 'megacomisión' quiere acusar a Alan García por haber promulgado una ley que permitió darles agua a dos millones de personas. Antier, el Pleno del Congreso acaba de aprobar por unanimidad otra ley que, aludiendo a la primera, la complementa y la realza con miras a mejorar las obras de saneamiento. ¿Será también acusado Humala en el 2017, cuando deje de ser presidente?