La bancada de Fuerza Popular se pronunció para respaldar a su detenida lideresa Keiko Fujimori. (Foto: Congreso de la República)
La bancada de Fuerza Popular se pronunció para respaldar a su detenida lideresa Keiko Fujimori. (Foto: Congreso de la República)

Las conversaciones del chat de “La Botica”, que el testigo protegido 2017-55-3 ha entregado al equipo especial de investigación de la Fiscalía, revelan una estrategia política, armada por Fuerza Popular, para desprestigiar moral y profesionalmente al fiscal José Domingo Pérez.

Pero también confirman que la bancada fujimorista salvó al controvertido fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Como en política favor con favor se paga, Chávarry ya no puede contar ni con el beneficio de la duda.

La dirigencia fujimorista puede sentirse indignada frente a las investigaciones del equipo especial de la Fiscalía que lidera el fiscal Rafael Vela y que conduce, en los casos “cocteles” y “dádivas entregadas por Odebrecht”, el fiscal Pérez, pero no puede orquestar una campaña de descrédito contra una autoridad.

El partido de Keiko Fujimori puede criticar las decisiones fiscales y judiciales, recusar al juez Concepción Carhuancho, marchar libremente, protestar de forma airada y quejarse ante organismos internacionales, pero sus representantes en el Congreso no pueden aprovechar su condición de parlamentarios para “joder”, “deslegitimar” o “chancar”, desde tribunas privilegiadas, la idoneidad de un fiscal anticorrupción.

Eso es inaceptable.

En el chat de “La Botica”, Keiko personalmente le da la indicación a Daniel Salaverry de defender a Chávarry y Rosa María Bartra clama por organizar su defensa. El fiscal de la Nación, que le debe el puesto fundamentalmente a la líder de Fuerza Popular, no moverá un dedo para proteger su institución ni sus profesionales; al contrario, todo el fin de semana su oficina hizo circular rumores de que sacaría a los fiscales Pérez y Vela del caso Fuerza Popular.
Mientras, los abogados de los denunciados, sin distinción ideológica ni partidaria, se suman al coro en todos los medios, opinando como si fueran observadores ecuánimes.

Los políticos están acostumbrados a financiar sus campañas sin rendir cuentas, sin explicar el origen de los fondos que las financian. Todo indica que eso se acabó.

Fuerza Popular no puede negar que usó los nombres de distintos ciudadanos para justificar un volumen de dinero cuyo origen no quiso declarar. Y no lo puede negar porque varios de los involucrados ya han confesado. El testigo que ha entregado los diálogos que han sido registrados en las actas fiscales, ha proporcionado otras pruebas y tiene todavía mucho más que aportar.
El nacionalismo tampoco puede negar que hizo lo mismo. Colaboradores y testigos lo han confirmado.

La prisión preventiva puede estar en discusión, pero los políticos que incurrieron en actos de ocultamiento y “pitufeo” de fondos de campaña serán denunciados y procesados hasta que respondan por lo que le toca a cada uno.
¿Así se han manejado todas las campañas políticas desde que comenzó la república? Pues parece que dejará de ser así. Tenía que llegar el día.

Si a un empresario formal, grande, mediano o pequeño, se le ocurriera falsear el origen de un elevado volumen de dinero que ingresa a su negocio e inventar que llegó a través de un montón de falsos clientes, ¿el dueño, el gerente, el contador y el representante legal no irían a parar, de puntitas, a la cárcel?

¿Con qué autoridad lucharán los políticos peruanos del futuro contra la informalidad si ellos mismos no son formales? ¿Cómo impondrían autoridad si ellos se burlan de la ley, las reglas y las instituciones?

De la convicción de la ciudadanía depende la permanencia del equipo especial de investigación de la Fiscalía. En las manos de los peruanos de bien descansa la posibilidad de que se gane esta batalla.