Carlos Basombrío,Opina.21cbasombrio@peru21.com
El Perú de Fujimori y Montesinos tuvo el discutible privilegio de instaurar una nueva forma de autoritarismo en la región, vía la perversión de las formas democráticas. Luego del autogolpe del 92 se dieron cuenta que era imposible sobrevivir al aislamiento, si se tiraban abajo la institucionalidad. Lo que hicieron entonces fue pervertirla, vaciarla de contenido. Por ejemplo, si la Constitución aprobada por ellos prohibía una segunda reelección, pues el Congreso aprobaba una ley de interpretación auténtica y decía que en realidad 1 + 1 era 3. Si alguien no estaba satisfecho se le espetaba que las formas habían sido respetadas porque que una ley del Congreso así lo había establecido.
Esa nueva forma de abuso de poder, disfrazada de legalidad, tiene herederos en la América Latina del siglo XXI, notoriamente entre los países del ALBA. Así, en Venezuela, el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso se han salteado olímpicamente la Constitución Bolivariana (¡la de Chávez¡) y han establecido que la juramentación presidencial es un formalismo que se puede saltar, que el pueblo esperará a Chávez hasta que esté listo y que, entre tanto, gobernara Maduro, a quien nadie eligió. (En Venezuela los vicepresidentes son designados).
No se trata de ser formalista y pegarse a la letra. Se trata de que hay normas fundamentales que rigen la vida de los países y que estas se tienen que aplicar para todos y en todos los casos. Que los países del ALBA no le diesen ninguna importancia al asunto era previsible. Lo que abruma es que la OEA se haga cómplice. La OEA fue implacable con Honduras cuando se mal usó a las instituciones para hacer un golpe de estado. La OEA lo fue también con Paraguay cuando el Congreso destituyó a Lugo con sorprendente celeridad abusando de las normas. Curiosamente, en el caso de Chávez, el secretario general ha dicho que no hay problema jurídico. Inaceptable e interesada miopía.
