Es probable que el acuerdo que busca suscribir la justicia peruana, representada por el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía y la Procuraduría ad hoc no sea perfecto, pero los argumentos esgrimidos hasta el momento parecen indicar que es el único camino a seguir. En cualquier caso, es el primer paso para llegar a conocer la verdad sobre cómo operó la maquinaria de corrupción de Odebrecht en el Perú y hasta dónde llegó a penetrar la estructura del Estado.
Sus detractores señalan que la constructora brasileña, a la que se habría ofrecido demasiados beneficios, solo ha reconocido apenas cuatro proyectos de los muchos que seguramente fueron pretexto para prebendas y sobornos. Sin embargo, no toman en cuenta algunos aspectos básicos, como la situación legal de los investigados en Brasil, el marco legal aprobado por el Congreso que enmarca su formulación y la defensa que tanto el fiscal Rafael Vela como el procurador Jorge Ramírez han hecho del documento, al que consideran un acuerdo flexible y abierto. Esto quiere decir que no se limitan las investigaciones fiscales ni las posibilidades de negociar nuevos montos de reparación civil.
Caer en la testarudez de que Odebrecht y Barata se la llevan fácil es desconocer las limitaciones que el proceso seguido en Brasil le impone al Perú y la normativa que regula la colaboración eficaz. No se puede obligar a Odebrecht a admitir más de lo que quiera decir, pero podemos –a partir de la información que entregue– iniciar nuevas indagaciones y presionar a que se nos diga la verdad porque, si algo es cierto, es que la empresa y sus funcionarios no pueden mentir. Están obligados por la ley a decir la verdad. Y la verdad es lo que necesitamos conocer. Intentar boicotear un trabajo que apenas está empezando a dar frutos es pretender negarnos ese derecho.